Santo Domingo, D.N.- El procurador general de la República advirtió este
miércoles que sería un obstáculo para la continuación y profundización de las
investigaciones, dejar en libertad o sin ninguna medida de coerción a los 10
imputados en el caso Odebrecht.
Jean Rodríguez resaltó que los imputados apelaron la sentencia que les impuso diferentes medidas coercitivas por su presunta participación en los sobornos que Odebrecht admitió que pagó para lograr contratos de obras públicas en el país.
El procurador destacó que este riesgo fue entendido por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, mediante la sentencia de medidas de coerción que dictó el pasado 7 de junio, a tal punto que a los 13 imputados presentes, sin excepción, le impuso algún tipo de medida coercitiva, incluida la prisión preventiva para 8, el arresto domiciliario para 2, así como también, garantía económica e impedimento de salida para los tres legisladores involucrados.
Enfatizó además que esa sentencia de medidas coerción dictada por el juez Ortega Polanco es una prueba irrefutable del buen trabajo realizado por el Ministerio Público en este caso de los sobornos pagados por Odebrecht, indicando que ahora está en manos de los jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, decidir si protegen la investigación o dejan que la misma corra el grave riesgo de verse afectada por maniobras que puedan realizar los imputados.
El magistrado Rodríguez reveló en un comunicado que a partir de importantes hallazgos primarios obtenidos durante las pesquisas locales, la Procuraduría se ha enfocado en profundizar y ampliar más las investigaciones en el plano internacional, indicando que para ello cuentan con apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público Federal de Brasil, así como también de autoridades de otras naciones europeas y latinoamericanas.
Explicó también el procurador que a través de estas diligencias investigativas ampliadas, en el país y en el extranjero, el Ministerio Público dominicano logrará pruebas adicionales a las que ya posee en contra de los 14 imputados hasta el momento, evidencias estas que hará valer al momento de presentar formal acusación en contra de los mismos, recordando que para esto fue autorizado judicialmente un plazo de 8 meses.
Manifestó que mediante la ampliación y profundización de la investigación también se persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló en nuestro país, garantizando que quien sea que resulte involucrado, tal como se ha hecho y corresponde, también será puesto a disposición de la justicia.
El procurador general reiteró que espera que los honorables jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, entiendan que para proteger las pesquisas del caso Odebrecht resulta indispensable mantener en prisión a los imputados que han apelado la sentencia judicial mediante la cual se les impuso medidas de coerción.
Agregó que es respetuoso de la independencia de los poderes del Estado, por lo que debe respetar cualquier decisión que en este sentido sea adoptada y que en caso de considerarlo necesario, por no compartir el criterio, la recurriría a través de los canales legales correspondientes.
Jean Rodríguez resaltó que los imputados apelaron la sentencia que les impuso diferentes medidas coercitivas por su presunta participación en los sobornos que Odebrecht admitió que pagó para lograr contratos de obras públicas en el país.
El procurador destacó que este riesgo fue entendido por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, mediante la sentencia de medidas de coerción que dictó el pasado 7 de junio, a tal punto que a los 13 imputados presentes, sin excepción, le impuso algún tipo de medida coercitiva, incluida la prisión preventiva para 8, el arresto domiciliario para 2, así como también, garantía económica e impedimento de salida para los tres legisladores involucrados.
Enfatizó además que esa sentencia de medidas coerción dictada por el juez Ortega Polanco es una prueba irrefutable del buen trabajo realizado por el Ministerio Público en este caso de los sobornos pagados por Odebrecht, indicando que ahora está en manos de los jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, decidir si protegen la investigación o dejan que la misma corra el grave riesgo de verse afectada por maniobras que puedan realizar los imputados.
El magistrado Rodríguez reveló en un comunicado que a partir de importantes hallazgos primarios obtenidos durante las pesquisas locales, la Procuraduría se ha enfocado en profundizar y ampliar más las investigaciones en el plano internacional, indicando que para ello cuentan con apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público Federal de Brasil, así como también de autoridades de otras naciones europeas y latinoamericanas.
Explicó también el procurador que a través de estas diligencias investigativas ampliadas, en el país y en el extranjero, el Ministerio Público dominicano logrará pruebas adicionales a las que ya posee en contra de los 14 imputados hasta el momento, evidencias estas que hará valer al momento de presentar formal acusación en contra de los mismos, recordando que para esto fue autorizado judicialmente un plazo de 8 meses.
Manifestó que mediante la ampliación y profundización de la investigación también se persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló en nuestro país, garantizando que quien sea que resulte involucrado, tal como se ha hecho y corresponde, también será puesto a disposición de la justicia.
El procurador general reiteró que espera que los honorables jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, entiendan que para proteger las pesquisas del caso Odebrecht resulta indispensable mantener en prisión a los imputados que han apelado la sentencia judicial mediante la cual se les impuso medidas de coerción.
Agregó que es respetuoso de la independencia de los poderes del Estado, por lo que debe respetar cualquier decisión que en este sentido sea adoptada y que en caso de considerarlo necesario, por no compartir el criterio, la recurriría a través de los canales legales correspondientes.
